A: Autor
Pese a los esfuerzos de muchos por impedirlo, la polémica de la ley Sinde se ha dibujado muchas veces como un enfrentamiento entre autores e internautas, entre gente de la cultura y usuarios de Twitter y de las redes sociales. Algunos autores contribuyen a alimentar esa idea defendiendo con vehemencia que sólo una norma antidescargas podría defender sus derechos e impedir la violación de propiedad intelectual. En este grupo encontramos a figuras como Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Pau Donés, Ana Milán, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Almudena Grandes, Juan José Millás o Fernando Savater entre muchos otros. Por otro lado, también son muchos los creadores que están en contra de la ley Sinde, ya sea por considerarla insuficiente o inefectiva o innecesaria. Los autores que han alzado la voz contra la ley Sinde van desde los músicos copyleft hasta Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte.
B: Bruselas (legislación internacional)
Al mismo tiempo que en España se polemiza en torno a la ley Sinde, medio mundo proyecta, tramita o aplica sus propias leyes antipiratería. En Europa, la más comentada es la ley Hadopi, aplicada en Francia. Bruselas no ha considerado apropiado adaptar la dura ley francesa al escenario comunitario. En cambio, se encuentra trabajando en el Acuerdo comercial anti-falsificación o ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un gran tratado internacional que busca defender las obras protegidas por copyright así como acabar con la falsificación de bienes físicos. Aunque la Comisión Europea quiere que el ACTA no implique “ningún cambio en la legislación vigente de la UE sobre derecho de propiedad intelectual", cabe la posibilidad de que existan incompatibilidades con la ley Sinde, lo que obligaría a modificar la norma española para adecuarla en la legislación europea.
C: Canon digital
La remuneración compensatoria por copia privada es una tasa que se aplica a diversos soportes y dispositivos de grabación y reproducción. Este gravamen, que incrementa el precio de los productos, va dirigido a compensar a los autores por las copias privadas que se realicen de sus trabajos. El pasado mes de octubre, la UE declaró ilegal el canon digital que se aplica en España a las empresas. Por este motivo, el Gobierno tiene prevista una reforma del canon que, aunque aún no se ha detallado, aparece ya prevista en la misma enmienda a la LES en la que se expone la ley antidescargas. Algunas voces dicen que el canon no tendrá sentido una vez que comience a aplicarse la ley Sinde, pero la realidad es que las descargas no se consideran copia privada.
D: De la Iglesia, Álex
Su figura ha centrado gran parte del debate sobre la ley Sinde en los últimos meses. El famoso director de cine manifestó inicialmente su apoyo a la polémica norma. Sin embargo, tras ver el gran revuelo que se produjo en Internet por la posible aprobación de la ley, Álex de la Iglesia quiso conocer el tema más en profundidad. Tras varios días de discusiones y reflexiones en Twitter, De la Iglesia se reunió con algunas destacadas figuras de Internet para hablar sobre las oportunidades que presenta la Red. El realizador vasco quedó satisfecho con la reunión y manifestó su cambio de postura: la ley Sinde ya no le parecía la mejor opción.
De la Iglesia manifestó públicamente su opinión en múltiples ocasiones y, una vez que el acuerdo entre PSOE, PP y CiU resucitó la ley caída en el Congreso, Álex anunció su dimisión como presidente de la Academia de Cine. Esta decisión generó desencuentros en la Academia de Cine, rumores sobre presiones del ministerio de Cultura y una reunión en la que se decidió el momento en el que Álex de la Iglesia debería abandonar su cargo. La reciente gala de los Goya supuso un intento de Álex de la Iglesia y Ángeles González-Sinde de acallar los rumores sobre su supuesta mala relación.
E: Enmienda
La norma conocida popularmente como ley Sinde y cuyo objetivo es cerrar o bloquear páginas web que facilitan la descarga de contenidos protegidos era en realidad la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES). Las voces más críticas han interpretado este hecho como un intento del Gobierno de aprobar la polémica ley antidescargas escondida dentro de una normativa mucho más amplia. El pasado 21 de diciembre, la LES llegó al Congreso y, en una atmósfera de gran expectación mediática y ruidosas quejas en la Red y fuera de ella, se pidió la votación de la disposición separada del resto de la ley. La LES superó el trámite pero la disposición fue rechazada por la comisión de Economía de la Cámara Baja. Todos los grupos parlamentarios manifestaron su desacuerdo con la ley e Internet celebró la aparente muerte de la ley Sinde.
Sólo un mes después, el PSOE consiguió resucitar la ley Sinde en forma de enmienda pactada con PP y CiU. Los cambios respecto a la redacción original fueron mínimos: se detallaron los plazos y la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y se aumentó ligeramente la presencia del juez en el proceso. El acuerdo entre estos tres grandes partidos permitió que la enmienda se aprobase sin dificultades en el Senado y, sólo una semana después, también en el Congreso.
F: Francia
La norma antipiratería más conocida es la adoptada por Francia. Conocida como ley Hadopi, impone una serie de premisas mucho más duras que las previstas por la recién aprobada ley española. Esta ley, que hasta el momento no ha desmotrado ser demasiado efectiva, supone la criminalización de los internautas. Un organismo denominado HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Ouvres et la Protection des droits sur Internet) es el encargado de vigilar a los usuarios de Internet. Una vez que HADOPI detecta a usuarios sospechosos de violar las leyes de propiedad intelectual, los proveedores de Internet tienen la tarea de identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores.
Con esos datos, el organismo envía un aviso. Tras el primer correo electrónico de "recomendación", en caso de que las descargas piratas persistan, Hadopi envia un segundo aviso acompañado de una carta certificada. Es lo que se llama "respuesta gradual" y es también la última etapa antes de que el dossier llegue a un juez, quien puede optar por cortar temporalmente la conexión al titular. El usuario tiene que seguir pagando su conexión a Internet aunque no pueda utilizarla y no puede cambiar de proveedor. Además puede ser sancionado con una multa de 1.500 euros.
G: Gestión de derechos
Las entidades getoras de derechos de autor como SGAE, CEDRO o EGEDA se encargan del cobro y gestión de los citados derechos. Por este motivo, estos grupos se han posicionado siempre de forma radical a favor del canon digital y de la ley Sinde. Teddy Bautista, el conocido presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de que la ley fuese aprobada ya que se trata de "un compromiso bastante light en comparación con otros países". "Se necesitan una reglas del juego claras y razonables para todos", dijo. "Los creadores son profesionales, quieren vivir de su trabajo y creemos que se puede hacer", añadió.
H: Hacktivismo
Las ciberprotestas han adquirido un gran protagonismo en los últimos meses vinculadas principalmente a dos asuntos: Wikileaks y las leyes antidescargas. Las primeras actividades hacktivistas destacables en España en relación a la ley Sinde se produjeron en octubre. El actualmente muy conocido grupo Anonymous empleó ataques de denegación de servicio (DDoS) para tumbar las webs del Ministerio de Cultura, de la SGAE y de Promusicae como parte de la 'Operation Payback' (Operación Venganza), un ataque coordinado internacional en protesta por el cierre de webs de intercambio de ficheros. En diciembre, cuando la ley Sinde llegó por primera vez al Congreso, un colectivo español liderado por liderado por el blog Anonymous valenciano recogió el testigo del grupo original y consiguió dificultar e incluso impedir la navegación por las webs del PSOE, del PP, de CiU, de PNV y del Congreso.
I: Intercambio de archivos (P2P)
Desde el momento en el que comenzó a hablarse de la ley Sinde, todos los impulsores se esforzaron en señalar que no se criminalizaría a los usuarios. La medida no está pensada para acabar con el intercambio de archivos sino para cerrar páginas web que proporcionan enlaces a contenidos protegidos y que a menudo se lucran con esa actividad. Intentar acabar con aplicaciones como eMule, Ares o BitTorrent sería muy complicado desde la legislación española puesto que la mayoría de servidores son extranjeros. El bloqueo de determinadas webs puede dificultar la localización de determinados contenidos en un programa de intercambio de ficheros, pero no hace que esos contenidos desaparezcan de la Red.
J: Jueces /Jurisprudencia
Una de las mayores polémicas de la ley Sinde ha girado en torno al papel del juez en el proceso del cierre de páginas web. Desde el principio, la norma preveía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que sería la encargada de vigilar y denunciar las páginas que supuestamente cometen violación de derechos de autor. La redacción original de la ley Sinde permitía a la Comisión exigir a las operadoras toda la información sobre los sospechosos, investigar el caso y decidir las medidas a tomar. El único papel del juez era el de certificar que las sanciones impuestas no vulneraban ningún derecho ni libertad del acusado. Al Partido Popular le parecía que esta ley no ofrecía suficientes garantías judiciales y votó en contra en su primer trámite en el Congreso. Sólo hizo falta un pequeño cambio en la redacción de la ley para que el PP aceptase resucitarla en el Senado en forma de enmienda. El citado cambio volvía a recurrir a la figura del juez, en esta ocasión para que diese su consentimiento a la exigencia de datos a las operadoras.
Según los detractores de la ley Sinde, el juez no es más que un mero notario en el proceso. Sin embargo, el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en asuntos de propiedad intelectual, está convencido de que los jueces aún tienen un papel importante en esta historia. Almeida cree que la Comisión tiene un campo de actuación muy limitado. En primer lugar, "en aquellos casos en los que haya abierta una causa penal, no se puede abrir un expediente sancionador". "Portales como Series Yonkis o CineTube, así como muchas otras páginas, aún tienen causas abiertas en los tribunales", añade. En segundo lugar, según explica Almeida, "la resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no puede desviarse de la ley de propiedad intelectual y debe ceñirse a la interpretación jurídica de los jueces. De no hacerlo así, los miembros de la comisión podrían ser objeto de querellas criminales por delito de prevaricación".
K: LinK
Link o enlace. El "objeto" de la polémica. En Internet todo está enlazado, el problema para muchos es que bastantes de esos links llevan a contenido protegido por derechos de autor. Aunque son numerosas las sentencias que han dictaminado que ofrecer enlaces a descargas no supone una actividad ilícita (la última tuvo lugar este mismo mes), el Gobierno está decidido a acabar con las páginas que ofrecen enlaces a series, películas, libros, discos y videojuegos. Sus armas son la ley Sinde y la Comisión de Propiedad Intelectual. Aunque los impulsores de la medida aseguran que la Comisión actuará de buena fe y sólo contra grandes portales que ofrecen miles de descargas, algunos juristas señalan que la vaguedad de la norma deja la puerta abierta al cierre de cualquier página o blog en el que se ponga un enlace que vulnere los derechos de propiedad intelectual.
L: Lista de Vigilancia 301
Bajo este intimidatorio nombre se conoce a la selección de países hecha por la Oficina de Representación del Comercio de Estados Unidos que cataloga a las naciones que hacen poco por respetar la propiedad intelectual. En concreto, según la nomenclatura del documento, se incluyen en la lista "los países que no ofrecen adecuado nivel de protección a la PI en relación a su nivel de desarrollo". EE UU quiere "proteger la innovación americana y su creatividad en todo el mundo", y acusa al Gobierno español de no hacer ni un mínimo esfuerzo "para cambiar la extendida percepción errónea de que compartir archivos mediante P2P es legal en España". Estados Unidos mantiene pues a España, desde 2008, en el listado de países bajo vigilancia "de bajo nivel" mientras insta a Zapatero para que tome medidas rápidas y efectivas para luchar contra el problema de la "piratería en Internet".
M: Multinacionales (Industria)
La industria fonográfica fue la primera en sufrir las exigencias de cambio de modelo que llegaron con Internet. Aunque aún hoy exigen medidas contra la piratería en todo el mundo, ya han conseguido importants avances con ideas exitosas tales como iTunes o Spotify. La industria cinematográfica es la que más quejas tiene actualmente de Internet: las recaudaciones de las salas bajan, el público busca alternativas y a las productoras les cuesta encontrar referentes online con éxito y calidad a partes iguales. Hollywood ha llegado a amenazar incluso con dejar de distribuir sus películas en países como España. La industria editorial está comenzando ahora a vivir los cambios que conlleva Internet para su sector. Aún hay miedo entre los editores y, aunque el papel sigue predominando, el libro electrónico avanza a paso lento pero seguro.
N: Napster
El origen de todos los males. Nació en EE UU en 1999 de la mano de tres amigos y fue el primer sistema de P2P con éxito a nivel mundial, el que abrió puertas a otros como Morpheus o Kazaa. También el que se llevó las primeras demandas multimillonarias de la industria discográfica. En 2001 un juez ordenó el cierre de todos sus servidores, pero Napster logró renacer siete años después creando una tienda de música digital con 6 millones de canciones en formato mp3 que haría la competencia al mismísimo iTunes de Apple.
O: Operadoras
Los proveedores de servicios de Internet o ISP en inglés (Internet service provider) constituyen uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la piratería en Internet. En primer lugar, son los que facilitan la conexión a Internet en los hogares, las empresas, etc., pero también son los que podrían llevar a cabo un corte si el juez da vía libre para ello. Antes de que la ley Sinde viera la luz, la coalición de operadoras españolas (Redtel) llevó a cabo unas duras negociaciones con los creadores de contenidos con el fin de aunar voluntades y presentar una propuesta tanto de regulación de contenidos en Internet como de nuevos modelos de negocio.
Las conversaciones no dieron su fruto y el Gobierno actuó en solitario. Muchos críticos con la ley Sinde lo son también con los excesivos precios de la banda ancha en España y su poca capacidad. De hecho, el de la neutralidad en la Red es otro debate paralelo que, poco después de que el Senado rechazara una moción en su defensa, concluyó con la aprobación por unanimidad de una segunda moción presentada por el PSOE. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE UU aprobó también el pasado mes de diciembre una “ley de neutralidad” que garantizará iguales derechos de acceso a Internet a los distintos proveedores.
P: Propiedad Intelectual
La ley vigente en España sobre propiedad intelectual (que ha sufrido varias modificaciones, la última en 2006) es el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. La subcomisión del Congreso pertinente inició los trabajos de cara a una nueva reforma, pero la inclusión de la llamada ley Sinde como apartado final dentro de la Ley de Economía Sostenible rompió los esquemas a muchos.
La ley Sinde contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, organismo que gestionará las denuncias de parte contra servicios de la sociedad de la información (webs y otros) que supuestamente vulneren los derechos tratados. Tendrá dos secciones: la primera se ocupará de mediar y arbitrar; la segunda, será la que decida tomar medidas que necesitarán autorización judicial y estará compuesta por representantes de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia. La forma de actuar de ambas secciones estará determinada por un reglamento aún no escrito.
Q: BloQueo
Hace dos semanas el departamento de Justicia de Estados Unidos decidió bloquear en todo el mundo los dominios rojadirecta.com y rojadirecta.org por violar el copyright de acontecimientos deportivos mediante enlaces a retransmisiones de partidos de fútbol, baloncesto, rugby, etc. La Administración estadounidense pasó por encima de la legislación española, que habían validado en 2009 la legalidad de la web, que incluye publicidad.
R: Radipshare y Megaupload
En el escenario de la ley Sinde, los servicios de descarga directa se encuentran en una situación muy parecida a la de los programas de intercambio de ficheros P2P. La ley no va dirigida a este tipo de servicios, por lo que es bastante improbable que dejen de funcionar. Lo único que se puede hacer, del mismo modo que en webs como YouTube, es solicitar que se retire determinado contenido protegido con derechos de autor. La opción de solicitar que las operadoras bloqueen, previo permiso judicial, el acceso a Rapidshare y Megaupload sería una forma de censura que no está contemplada en la ley.
S: Sinde, Ángeles González
El nombramiento de la guionista y directora como ministra de Cultura en abril de 2009 no sentó muy bien en la comunidad internauta, dada su conocida postura contra las descargas. En noviembre de ese mismo año, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible veía la luz con la primera versión de una disposición final a la que se bautizó como ley Sinde. Firme defensora de una regulación de Internet, se ha convertido en una de las componentes peor valoradas del Gobierno. Su mediática ‘pelea’ con Álex de la Iglesia, que abrió un diálogo de forma unilateral sobre la Red, los creadores y los nuevos modelos de negocio a raíz de la aprobación de la ley, ha terminado con la dimisión del director de Balada triste de trompeta de su cargo de presidente de la Academia. Su antecesora fue Sinde.
T: Twitter
El debate en Internet sobre la #leysinde se ha desarrollado, sobre todo, en blogs y en la red social de microblogging. En ella se gestó, por ejemplo, el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet, tras el que Cultura decidió reunirse con periodistas, blogueros y expertos; y en ella han ido surgiendo también movimientos como #sindegate o #nolesvotes. La cobertura en directo de varios de los momentos clave del trámite parlamentario de la ley por algunos medios digitales ha marcado un antes y un después en este tipo de información. Twitter ha sido también en lugar en el que se han convocado protestas en la calle como la que tuvo lugar el día de los Goya, liderada por Anonymous.
U: Usuarios
O internautas. O ciudadanos que utilizan la Red. Hay confusión y sobre todo poca unanimidad a la hora de nombrar al colectivo de personas que están en contra de la ley Sinde. De hecho, se les confunde a menudo con la totalidad de personas que navegan por Internet (algunos artistas, favorables a la ley, se reivindican como “internautas”) y se les atribuye la querencia por un “gratis total” de los contenidos. La ministra de Cultura cree que usuarios y creadores no son “antagonistas” y asegura que la nueva regulación no actuará contra los particulares que descarguen películas, canciones o libros, sino contra quien facilita su distribución o comunicación pública.
V: Videoclubs online
Cuando se intenta explicar el éxito de las páginas web no oficiales de descarga y visionado de series y películas protegidas con derechos de autor, suele recurrirse al argumento de que no existe una oferta oficial competitiva. Lo cierto es que en España no hay mucho donde elegir. Los dos mayores portales de cine online son Filmin y Filmotech, la primera centrada en cine independiente y la segunda, creada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), con un amplio catálogo de cine mayoritariamente español de todas las épocas. Durante los últimos meses se ha rumoreado que Netflix, uno de los mayores videoclubs online a nivel internacional, podría llegar a España para ocupar un nicho de negocio que aún existe. Sin embargo, los responsables de la industria cinematográfica estadounidense muestran ciertas reticencias debido a que aquí existe, según ellos, una gran inseguridad jurídica.
W: Wikileaks
Las filtraciones del equipo de Julian Assange han puesto de manifiesto las presiones de Estados Unidos desde 2004 para conseguir que España endureciera su legislación contra la piratería. Según los cables, el tema se convirtió en una cuestión de Estado que fue tratada, en persona, por Obama y Zapatero. EE UU ha incluido a España de forma continua desde 2008 en la Lista de Vigilancia 301, una de sus armas más efectivas de negociación.
X: eXpertos
Varios abogados especializados en propiedad intelectual han expuesto también públicamente sus opiniones sobre la ley Sinde. Los nombres de David Bravo, Javier de la Cueva, Carlos Sánchez Almeida y David Maeztu han sonado mucho en los últimos meses –y algunos en los últimos años- en relación a este asunto. Maeztu, en concreto, presentó su propia alternativa a la norma, que hizo llegar a De la Iglesia y cuya redacción unilateral causó una fuerte polémica entre sus propios colegas. De la Cueva, por su parte, practica la liberación de “escritos legales y resoluciones judiciales” para facilitar la defensa en casos de demandas civiles y penales sobre webs de enlaces a redes P2P, entre otros procedimientos.
Y: Yonkis, Series
Una de las páginas webs de enlaces más utilizadas para ver capítulos de series en streaming, que están alojados normalmente en Megaupload. Contiene publicidad y tiene un límite de tiempo, que puede salvarse con una cuenta de pago (siempre en Megaupload, que es la que sirve el contenido). También es muy popular Películas Yonkis. No existen muchas alternativas al visionado en streaming en Internet, una de las demandas más importantes de un sector de los creadores, que apuntan a NetFlix.com o Hulu.com como ejemplos a seguir. Algunas televisiones españolas cuelgan sus programas de producción propia o algunas ajenas en sus webs, aunque aún no han desarrollado del todo esta vía por problemas de derechos.
Z: SanZ, Alejandro
El músico se ha convertido en uno de los más arduos defensores de la ley Sinde. También a través de Internet, ha manifestado que “los derechos de los creadores son legítimos” y ha pedido, entre otras muchas cosas, a los que están en contra de la norma que “demuestren que están a favor de los derechos. De los derechos de los niños con Sida en África a tener medicación a su alcance”. Más declaraciones como “los fascistas y los peseteros son ustedes que le impiden a los nuevos talentos tener un futuro” han causado estupor en la Red dando lugar a varios ataques contra su persona. Otros nombres de la cultura como David Bisbal, Javier Bardem o Javier Marías se han posicionado también a favor.
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